Por Fernando Donaires
La reciente marcha del 23 de abril en reclamo por los presupuestos universitarios tuvo como consigna la defensa de la educación pública. Las estadísticas demuestran que las mejoras presupuestarias no redundaron en mejoras de la calidad educativa. El debate de los objetivos del sistema en su conjunto y la forma de asignar los recursos sigue ausente.
El pasado 23 de abril se dieron cita en la Plaza de Mayo miles de estudiantes, docentes, directivos, representantes de la cultura, militantes políticos, sindicales, barriales y de distintas organizaciones argentina hermanados en un grito común: DEFENDAMOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
En la mayoría de las consignas, carteles, cánticos y declaraciones que se escucharon en el día se pudo ver un claro reclamo presupuestario y en contadas excepciones algunos reclamos inherentes a la calidad educativa, sus contenidos y pedagogías.
Es el caso de la ex presidente de la nación Cristina Fernández, quien mediante la plataforma X expresó su adhesión a la “Marcha por la defensa de la Educación Pública” pero desde una clara perspectiva: “(…) En el 2003: 3% del PBI para educación y 5% para deuda externa. En el 2015, al cabo de los tres períodos de gobierno: 6,3% del PBI para educación y 1,5% para deuda pública. No fue magia.”
Según lo establecido en el art. 9° de la ley de educación Nacional 26.206/2006, se requiere asignar un porcentaje no inferior al 6% del Producto Bruto Interno (PBI) entre el Estado nacional y las provincias para diversos aspectos educativos como salarios docentes, becas, infraestructura escolar, programas y otros rubros.
No obstante, más allá de lo que exija la ley y de lo que tuitee la ex presidente: el gobierno de Néstor Kirchner que impulsó y sancionó la ley de Educación Nacional nunca superó el 4% del PIB para Educación en el presupuesto nacional. El primer gobierno de Cristina no superó el 5% del PIB y el segundo mandato promedió el 5.5% del PIB, cumpliendo con la meta solo en el último año de su segundo mandato cuando en 2015 se destinó 6,3% del PIB, tal como lo muestra el siguiente gráfico:
Esta falta de cumplimiento a la legislación sería un hecho cuestionado en cualquiera de los países nórdicos que lideran el ranking de la World Justice Project que estudia el Estado de Derecho en el mundo, pero es invisible en el país que motivó a Carlos Nino escribir su obra: Un país al margen de la ley (1993).
Para los estándares argentinos, los 9 (nueve) años que el Kirchnerismo tardó en cumplir la ley, lejos de estar cuestionados con marchas multitudinarias están muñidos de una narrativa cargada de épica. Obviando, ese detalle de no cumplir la ley, es crucial considerar el impacto que tuvo la expansión del Producto Bruto Interno (PBI) argentino, que aumentó de u$d 127,587 mil millones en 2003 a u$d 594,749 mil millones en 2015, principalmente debido a la apreciación internacional de los commodities. En suma, no sólo durante la década ganada hubo un crecimiento en términos porcentuales respecto PBI, sino también un notable incremento en términos absolutos, pasando el presupuesto Nacional de Educación de u$d 3.827 millones en 2003 a u$d 37.469 millones en 2015. Desde una perspectiva cuantitativa, esta mejora es innegablemente significativa. Sin embargo, surge la pregunta crucial: ¿Cómo se traduce este avance cuando lo evaluamos desde una óptica cualitativa?
En principio vale decir que el 96% del presupuesto se destina a gasto corriente (salario docente) y sólo el 4% a inversiones de capital (Infraestructura y equipamiento). En la Argentina no sabemos exactamente cuántos docentes hay, aunque un estudio del Observatorio de Argentinos por la Educación estima un total 1.423.408 docentes.
Por otra parte, un informe de mayo de 2017 de la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa dejar ver que en el año 2015 fueron relevados más de 12,5 millones de alumnos en 65.475 unidades educativas de todas las modalidades y niveles de enseñanza. Al nivel inicial concurren el 15,6% del total de alumnos en el 33,8% del total de unidades educativas. El nivel primario presenta la mayor participación, tanto en unidades educativas (40,6%) como en el total de alumnos (43,3%); el nivel secundario aporta al total el 33% de los alumnos y el 21,5% de las unidades educativas. El nivel superior no universitario aporta el 8% de alumnos en el 4% del total de unidades de esta modalidad educativa.
En resumen, sin contar universidades, el sistema educativo nacional tiene 1.227.932 docentes para educar a 12,5 millones de alumnos en 65.475 unidades educativas. Ergo, en 2015 hubo 18.7 docentes por unidad educativa y 1 docente cada 10.1 alumnos.
Antes de empezar a interpelar estos datos es imprescindible tomarse la licencia de hacer una aclaración por más desconectada que parezca. Un concepto utilizado con asiduidad en buena parte de los países situados al norte del trópico de Cáncer, es el que se invoca con el término: Eficiencia.
Puede deducirse de las teorías y ensayos de Ruth Berger o Stanislas Dehaene que las palabras lejos de irse con el viento, se quedan y crean realidades, dado, como explica una parte del corpus teórico, el Homo Sapiens piensa en palabras. Ergo, las personas, los procesos, las instituciones, los productos, las políticas y los consumos que resulten eficientes en aquellas sociedades son mejor consideradas por su valor agregado.
Hablar de eficiencia en Argentina, por lo general y salvando todas las excepciones que por suerte existen, lejos de otorgar status a las personas, procesos, instituciones, políticas y consumos, despierta ánimos peyorativos. Por eso, cualquiera que quiera reflexionar sobre eficiencia en nuestro país, tiene que estar preparado para la crítica despiadada y negativa. Máxime, cuando se quiera llevar el concepto de eficiencia a la administración pública, a las políticas públicas y dentro de ellas a las que son inherentes a la educación. Un pueblo que no habla de eficiencia, no piensa en eficiencia, difícilmente cree una realidad eficiente.
¿Qué logros puede exhibir la argentina después que el Kirchnerismo sancionara la ley Nacional de Educación en 2006 y estableciera un piso de 6% del PIB para esta cartera?
Descripta la composición del sistema, la métrica por antonomasia que todos los responsables de la cartera de educación buscan es: TERMINALIDAD.
Evocar los guarismos de terminalidad de cada nivel pude ser útil para estudios cuantitativos. Luego, estas métricas serán el insumo básico para crear políticas públicas que auspicien mejoras estadísticas. Si la finalidad de todas las políticas públicas educativas se basa en el aumento de la terminalidad y no en la creación de conocimiento colectivo que añada valor a la cultura y la producción, es tentador pensar entonces que, si la terminalidad es poca, es porque la exigencia es mucha. Por tanto, bajar la exigencia aumentará la terminanlidad y con ese aumento estadístico se podrán construir narrativas políticas muñidas de épicas. Bajar la exigencia significa revisar contenidos, pedagogías y didácticas. Pero también, hay que ir a buscar a todos los que se fueron del sistema educativo y con estrategias laxas y flexibles ayudarlos no a aprender sino a que terminen para engrosar estadísticas.
Tal como plantea Acosta (2012, p. 136), la escuela argentina “es producto del cruce de dos tendencias: […] la expansión – incorporación de matrícula constante – y la expulsión – alto índice de desgranamiento”.
Lamentablemente la Argentina se convirtió en un país que entrega títulos. Lo que ya hace tiempo no entrega es conocimiento masivo. Títulos para todos y todas, conocimiento para muy pocos, porque las métricas exigen alta terminalidad. Esta desesperación por aumentar las métricas de terminalidad a cualquier costo, puede ser una de las razones que explique porque las pruebas de calidad educativa son tan resistidas y descalificadas por buena parte de la comunidad educativa politizada.
En el año 2006 el resultado de las pruebas PISA en el área de matemática argentina obtuvo 388 pts. En el 2012 después 6 años de inversión mantuvimos el mismo resultado 388 pts. y en 2018 bajamos a 379 pts. En el área de Lectura y Comprensión de Texto para el año 2006 argentina obtuvo una calificación de 374 pts. En el 2012 logró una calificación de 396 pts. En el 2018 logró 402 pts., lo que significa un repunte, pero aún por debajo de los 418 pts. del año 2000. En 2022 argentina logó 401 pts. lo que significa que la mitad de los chicos de 15 años no comprende lo que lee.
Por todo esto me pregunto ¿De qué hablamos cuando hablamos de defender a la educación?
